Como era de esperarse, hoy todo el mundo le está persiguiendo la cola al amigo Allison y a sus casi 50 mil dólares no declarados.  Y sinceramente yo no soy abogado para comentar los pormenores de su situación legal.  Para eso está el amigo Godoy, que hace un repase bien claro del asunto.  Tampoco soy analista político para ir a las implicancias de que un ex-ministro que recibía todo el respaldo del Presidente ahora resulte cayendo en otro país.  Para eso hay lumbreras como ésta.

Pero ahora que tengo su total y completa atención -porque a todos les gusta la toletole- pasemos a la agenda que Allison no tocó cuando estuvo en el Ministerio de Vivienda.  O por lo menos algunos de los muchos puntos.  O quizás sí los tocó, pero por las puras, porque no llegó a nada concreto.  El caso es que no sirvió para nada.

Quizás primero hay que aclarar que el sector construcción es particularmente importante para la economía peruana y vale la pena preocuparse para que siempre esté operando correctamente.  No me refiero a que se desregule, obviamente.  El contenido social de lo que hace este sector (casas para todos los peruanos, por ejemplo) hace que tenga que ser regulado.  El problema es cuando se sobreregula y cumplir con la ley se hace demasiado engorroso.

No voy a citar el infame informe Doing Business, que ya es un cliché entre los comentaristas económicos.  Voy a dar un paso a la derecha (literalmente hablando) y citaré este otro estudio del IFC, el Municipal Scorecard 2008.  Ahí podrán ver cómo una empresa constructora para poder conseguir un permiso municipal para poder iniciar una construcción tiene que prácticamente sudar sangre en algunos distritos analizados.  Mientras tanto, otros países en los que sí se preocupan por reducir los sobrecostos, obtienen mucho mejor medición.  No puede ser que para que a uno le den la licencia tenga que esperar 275 días.  Es inadmisible y ridículo.  Sobre todo porque la mayoría de empresas constructoras no son Graña & Montero y viven al día.  Parar las operaciones por tanto tiempo es un atentado al desarrollo del sector.

Por otro lado tenemos que el sector construcción emplea a mucha gente.  Pero no sólo eso, sino que además es empleo formal.  Si uno ve la data del anuario del Ministerio de Trabajo verá que, de hecho, a nivel nacional el 17% empleado son obreros con contratos indefinidos, solamente luego de otros tres rubros.  Si esto es cierto, entonces el Estado debería preocuparse para que la relación entre las empresas y los obreros sea la mejor posible, de tal manera que las empresas cumplan con todas sus obligaciones laboraes y los obreros reciban su seguro, su CTS, etc.

Lamentablemente el Estado peruano en algún momento decidió que mejor no y pateó el tablero.  Hace apenas dos días hemos visto cómo dos sindicatos se han metido bala entre ellos para definir cuál de las dos mafias va a extorsionar a los empresarios que están queriendo sacar adelante una construcción al sur de Lima.  O sea, la noticia ya ni siquiera es que hay mafias que extorsionan a las constructoras cobrando cupo y obligando a contratar personal no calificado.  No, eso ya está total y completamente naturalizado.  La Policía no va a hacer nada.  El Ministerio de Vivienda no va a hacer nada.  Ésa es la situación en casi todo el país.

Pues bien.  Así como Andrade las tenía bien puestas para mecharse con los vendedores ambulantes del centro de Lima y los hizo correr a palazo limpio (con él mismo a la cabeza de los Serenos), Allison y su sonrisita de gatito de cheshire debió tener boloñas para asumir esta otra problemática.

Pero claro si se te olvida que tienes 50 mil dólares en el bolsillo del saco, entiendo que esta clase de riñuelas le sean tan intrascendentes.