Hace pocos días por fin fue aprobada la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  La reacción a este asunto, más allá de las consecuencias legales, ha sido bastante curiosa.  Más aun si consideramos que hoy entramos a la semana del aniversario del Baguazo.

Primero, varios grupos representantes de comunidades indígenas han celebrado que haya salido la ley.  Yo sinceramente no creo que vaya a tener el impacto que estiman.  En todo caso, en un comunicado Aidesep pone la cosa bien clara: Esta norma era necesaria para que los pueblos indígenas comiencen a volver a creer en el gobierno.  Y sí, pues, quizás el impacto en la práctica y en los procesos de consulta no vaya a ser muy grande, pero para un sector de la población es relevante, pues indica que el Estado se está tomando más en serio la opinión de las comunidades nativas.  Bien por ahí.

Segundo, Confiep opina que con ellos no hay roche.  Básicamente porque las empresas que ya hacen consulta la seguirán haciendo lo mejor que puedan y las que no lo hacen porque se surran en la nota se seguirán surrando en la nota.  Esto lo comenta Briceño en una entrevista en Gestión que no puedo linkear, porque este periódico no brinda esa opción.  Y en el sentido en el que la ley emitida está más orientada a normar la intervención del Estado, de tal manera que sea éste el que se vea obligado a cumplir los compromisos, Confiep tiene razón.  Con ellos pareciera que no es el roche.  De esta manera, astutamente el Estado está cumpliendo con el compromiso de normar la consulta previa a los pueblos indígenas sin perjudicar la inversión privada y así no romper los compromisos asumidos cuando firmamos el TLC con los Estados Unidos.  Aunque claro, ahora el que se funde es el funcionario público que tendrá que llevar esto a cabo.

Tercero, en este comentario diario del IPE se menciona un detalle adicional. ¿Sirve realmente de algo una ley al respecto? Después de todo, tomar carreteras, paralizar el tránsito, secuestrar ingenieros, prenderle fuego a camiones, etc... Todas esas cosas que grupos de protestantes han estado haciendo en los últimos años en contra de la inversión en ciertos proyectos son ilegales desde hace mucho.  Y aún así no ha servido de mucho para evitar que se haga, porque en los lugares en los que se llevan a cabo la presencia del gobierno es débil.  Así que esta ley de consulta que le asigna más responsabilidad al Estado no servirá de nada si no se refuerzan las instituciones públicas en esas zonas con potenciales conflictos.  Desde el Ministerio del Ambiente hasta los gobiernos subnacionales.

Cuarto, COMEX en su semanario que no puedo linkear aún, pero que distribuyen gratis por email, comentan que hay un detalle con respecto a este asunto del derecho a veto.  En alguna de las propuestas que se manejaron antes de que salga la ley se incluía poder de veto a las comunidades locales, lo cual no termina teniendo mucho sentido a nivel nacional.  De hecho, el que no haya explícitamente derecho a veto es razón para que algunos grupos critiquen la norma.

O sea, odienme si quieren, pero la cosa en realidad es bien sencilla.  Si hay un proyecto de explotación de lo que sea en un lugar cualquiera, hoy en día con la tecnología que existe, se puede estimar tranquilamente el daño ambiental que se generará, los problemas que le generará a una comunidad cercana, etc.  Si la empresa quiere explotar ese recurso, tiene que asumir esos costos.  Y si la ganancia que saca de esa explotación no es suficiente como para asumir esos costos, pues al cuerno, no se explota.  Y el Estado debe velar por eso.

De hecho, es precisamente por eso que la minería ilegal que estuvo persiguiendo el Ministerio del Ambiente debía ser desactivada: Porque el daño que causa al medio ambiente y a la salud de las comunidades cercanas son costosísimas en términos económicos.  Así que es una operación que no debería permitirse.  Argumentos del tipo "es que si no de qué trabajo" o "es mi única fuente de ingreso", aún cuando fuesen cierto (que no lo son, ya se sabe que los que están detrás de esas operaciones son personas adineradas), no deberían llegar ni a la vuelta de la esquina.

En ese sentido, si un estudio creible e independiente define los costos y una empresa está dispuesta a asumirlos, lo que debe negociar con las comunidades cercanas son las maneras de hacérselos llegar.  Pero que tengan poder de veto es peligrosísimo, porque se presta a fuertes manipulaciones políticas.

Aquí a lo que se tiene que aspirar es a que se haga "buena" minería, no a patear el tablero y cerrar la opción de nuevas operaciones mineras.  Oh, claro que hay empresas mineras a las que le importa un rabano el medio ambiente.  Pero casos como ése lo que muestran es que necesitamos un sistema regulatorio más eficiente y efectivo.