El día de ayer en el twitter estuvimos comentando un par de detalles de la ley de consulta previa (abortada por el Ejecutivo).  Y es que ayer en los periódicos salió que la Comisión de... -agárrense muchachos- Pueblos Andinos, Amazónicas, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó por unanimidad insistir con la ley como estaba antes de que el Ejecutivo hiciera observaciones.  Eso por supuesto que recibió aplausos y vivas de mucha gente.  Pero si vamos al detalle, hasta donde veo, hay dos puntos fundamentales en los que nos tenemos que poner de acuerdo.  Y mientras que ambos extremos de la madeja no dialoguen y lleguen a un acuerdo, no habrá ley alguna y eso sería peor aún.  Al respecto, unos detalles que no me terminan de cuadrar.

Primero, hay un tema moral detrás de todo esto.  Como lo comentaba en un post anterior, para un grupo grande la publicación de esta ley es necesaria para comenzar a confiar de nuevo en el gobierno -o mejor dicho, en el sistema.  En ese sentido, no le hace nada de bien al país en general que se anden tirando la bola entre ellos el Congreso y el Ejecutivo.  Supongo que como en primaria tendremos que encerrarlos a ambos en un salón hasta que se amisten y lleguen a un punto común.  Porque demorarla más es la única opción que no le conviene a nadie, porque se genera mayor frustración y después las cosas serán más complicadas.

Segundo, como lo comenta el amigo Morsa, se trata de una ley que por sí sola no va a solucionar nada.  Pero es necesaria para poder encuadrar la normatividad por la cual el Estado podría intervenir en el caso de un conflicto.  Es decir, hasta ahora en el caso de que una empresa requiera explotar un recurso y no se pueda poner de acuerdo con los nativos de la zona, el Estado interviene cada vez de una manera distinta.  Con esta ley se busca que haya un procedimiento y que las distintas partes sepan a qué se enfrentan si es que no llegan a un acuerdo por su cuenta.  En ese sentido, a ninguna de las partes le conviene que no haya ley.  Y en ese sentido estirarla tampoco le conviene a nadie.

Tercero, hay un detalle que me parece algo curioso.  Para promover esta ley desde el año pasado un buen grupo de dirigentes han estado citando el convenio 169 de la OIT.  No quiero ser petulante, ni nada, pero, ¿lo han leído? En sus 108 páginas se especifica que la consulta no debe ser considerada como un derecho de veto.  Es interesante que el mismo convenio que fue usado como caballito de batalla para sacar adelante la norma (correctamente, dicho sea de paso), ahora se les vuelva en contra de unos cuantos.  No es casualidad que la Defensoría del Pueblo apoye ese específico punto de dejar en claro que la consulta no equivale al veto.  Y que el Tribuinal Constitucional salga a hacer declaraciones en la misma dirección.

Así que ok, es políticamente poco inteligente observar el proyecto de ley en este momento, pero creo que tiene sentido esta aclaración en especial, por las razones que expone la OIT misma en el bendito convenio.

Cuarto, ayer en el twitter me agarraron con el tema de la inclusión de las comunidades andinas en la definición de comunidades nativas que deben ser consultadas.  En este punto en especial me declaro indeciso.  Por un lado, @ricardomapari tiene razón en que estamos hablando de un sector de la población que se enfrenta a serios obstáculos para su desarrollo.  Yo personalmente no estoy tan seguro de que incluirlos en esta ley sea buena idea, porque se estaría generando incentivos para que no se integren a la economía formal nunca.  Por el contrario, lo que deberíamos estar haciendo es acudir a ellos para identificar qué es lo que hay que arreglar para que su actividad económica (agrícola, ganadera, etc.) sea más eficiente y les genere los recursos que necesitan para salir adelante.  Si se les incluye en la ley, no veo que se esté introduciendo estos incentivos.

Por otro lado, como se discute en esta entrevista de hace varias semanas en el programa del amigo De Althaus (que tiene una segunda parte), hay que tener mucho cuidado con la definición, porque se corre el riesgo de incluir a segmentos de la población que desde hace rato viven en las ciudades y no son nativos en el sentido mediático.  En ese sentido, creo que se podría llegar a un punto intermedio, incluyendo comunidades específicas.  Pero como dije, no me llego a decidir acerca de cómo se debería manejar este asunto en especial.

Porque hay un punto adicional que es comentado en la entrevista.  Y es que la intención de la OIT al sacar el convenio era el de fomentar una igualdad de oportunidades.  Las comunidades nativas que viven en la selva se enfrentan a una serie de circunstancias que reducen sus oportunidades de progreso y se supone que se debe abordar eso.  Tiene todo el sentido del mundo, la discusión es cómo.  Pero las comunidades andinas... Definitivamente no todas se encuentran en esa situación.

Quinto, esto me lleva a otro punto que se mencionó el día de ayer en un foro que organizó Comex sobre el proyecto de Camisea.  Entre los que hablaron estuvo Daniel Guerra, que como técnico se preguntaba a quién creerle con respecto a lo que le conviene a los indígenes de una zona en la que se instala una empresa para una operación de extracción.  Y que eso para un empresario bienintencionado podía resultar en complicaciones ajenas a su actividad.  En ese sentido, creo que hay una crisis en la otra dirección también.

O sea, mientras que dirigentes de las comunidades indígenas puedan estar con desconfianza con respecto a las intenciones de los empresarios o del gobierno, muchos empresarios están incrédulos con respecto a las verdaderas intenciones de antropólogos y trabajadores sociales que deberían servir como nexo entre las comunidades y los interesados en instalarse en la zona.  Y a ver cómo hacemos con eso, porque como país necesitamos que se pongan de acuerdo y confíen los unos en los otros.  Si no, todo se bloquea y nada funciona.

Así que, como decía, aquí lo que tiene que primar es el diálogo.  Si una parte de cierra en la opción de incorporar observaciones y la otra se cierra en no adaptar esas observaciones, no vamos a llegar a ningún lado.  Tampoco si todos etiquetan al del otro bando.  Así no se promueve democracia.  Y de hecho, como lo decía el videíto éste que linkeo por ahí, por lo menos varias de las comunidades andinas han demostrado ser altamente democráticas.  Sería cuestión de repotenciar esa actitud.