Mientras todos estábamos con la atención convenientemente puesta en el Cristo del Morro Solar y en el dirigente regional que se encierra en un canal porque no quiere enfrentar a la ley, el Congreso le ha puesto turbo y ha comenzado a aprobar una serie de normas que nos deberían preocupar mucho.  Claro, es de esperarse que en la última etapa de un gobierno el parlamento se acelere y quiera dejar instaurados todos esos proyectos que no pudieron pasar antes porque eran demasiado cuestionables.

Por suerte la página web del Congreso medianamente cumple con reportar en lo que anda, por lo que ya no necesitas a un corresponsal ahí clavado para enterarte de lo que sucede.  Por ejemplo, solamente ayer aprobó estas cuatro normas (además de otras muchas andanzas). Ustedes dirán que qué chévere que tengan la iniciativa de revisar el uso de los recursos en el tren eléctrico o que se reactive el parque industrial de Sullana (de lo cual necesitaría más información).  Pero tomen nota de que también se procede a normar el Bullying escolar.  Caray, a ver cómo le explicas a Tomasito que ahora está infringiendo la ley al robarle su lonchera a Andresito.  Y por supuesto, tomen nota también de que se aprobó el dictamen del proyecto de ley forestal y de fauna.  Esto último es bastante relevante.  El Perú ha estado operando sin ley forestal por años (décadas inclusive)... Y la propuesta de una ley forestal hace dos años trajo como consecuencia el incidente de Bagua, ¿recuerdan? Así que ahora dejen de babear con la frente en dirección al morro solar y comiencen a analizar el texto de esa ley, porque seguramente va a traer malestar a alguien.  Consideren, además, aunque les duela, que la aprobación de esta norma era lo que faltaba para por fin poder cumplir con todos los compromisos que había asumido el Perú al firmar el TLC con los Estados Unidos.  Ahora ya no estaríamos en falta.

A los que de verdad hablaban en mantenerse vigilantes les pido que también fijen la puntería en esta otra ocurrencia del Congreso: La de nombrar al personal contratado en empresas públicas.  Particularmente la parte sobre el nombramiento de los docentes en el Ministerio de Educación.  Tan bacán que iba a ser si persistíamos en el proceso de reforma de la plana docente.

Pero el día de hoy nos convoca otra preocupación.  La de la restitución de las exoneraciones tributarias para la Amazonía.  Y lo hacen hasta, ni más ni menos, el 2015.  Alguien con ganas de perder el tiempo podría hacer un repaso de todas las veces que se ha pateado la liquidación de estas exoneraciones que le traen inmensas pérdidas en eficiencia y en recursos al país.  La jugada es siempre la misma: Patear la decisión final de su eliminación a un siguiente Congreso, a ver si así llegamos al infinito.  Isaac Asimov estaría orgulloso.

Si fuera más inocente diría que el Ejecutivo seguramente la observará, dado que todos los análisis concuerdan en que esto no beneficia a las familias de menores ingresos, no ha tenido impacto positivo alguno en la creación de pequeñas y medianas empresas, que le cuesta al Estado un montón de plata, que hay mejores maneras que promover desarrollo y progreso en la Amazonía y que ni siquiera los empresarios formales de esa zona (agrupados en sus gremios o cámaras de comercio) celebran la permanencia de las exoneraciones tributarias.  Pero no, sabemos perfectamente que el Ejecutivo no observará nada.  O en todo caso, sería una grata sorpresa que lo haga.

Hay hasta dos costos distintos de mantener las exoneraciones tributarias para la Amazonía.  La primera es el dinero que deja de percibir el Estado.  Nos podemos hacer una idea en el Anexo B del Marco Macroeconómico Multianual 2011 - 2013 del MEF.  Solamente por concepto de "Exoneración del IGV a la venta de combustible por las empresas petroleras a las comercializadoras o consumidores finales ubicados en la Amazonía" se deja de percibir S/.59,581 miles, que no es cualquier cosa.  Y por la exoneración del ISC, S/.195,075 miles.  Si aún no les parece mucho, agárrense, porque en la página 97 de ese documento podrán ver el rubro "Exoneración del IGV en la Amazonía", el cual alcanza la nada despreciable cifra de S/.1,315,125 miles, que es ni más ni menos que un 0.3% de todo el PBI del Perú.  Con esta plata no más ya se podría pagar buena parte de la Pensión 65 en su versión más populista.

Y uno podría decir que pucha, eso es lo que cuesta, pues, promover mayor actividad económica en la selva.  Lamentablemente las exoneraciones en la Amazonía ya han estado operando por suficiente tiempo como para hacer un análisis de si han sido efectivas.  Y no lo han sido.

Hace años que se viene insistiendo en la necesidad de su eliminación.  Y de hecho, ya existe la iniciativa legal -la que acaba de ser pateada uno cuantos años más-.  O sea, se acepta tácitamente que es necesario eliminar las exoneraciones tributarias en la selva, pero mejor ahoritita no.  Más tarde.  Por otros.  Chequeen, por ejemplo, lo que se dice en este otro documento, el Marco Macroeconómico Multianual 2009 - 2011.  Ahí se trata ampliamente el tema de las exoneraciones en general y con respecto a las de la Amazonía se insiste en la necesidad de contratar una consultoría que brinde más información aún al respecto.

La verdad es que más información no necesitamos.  Hacer empresa en la selva del Perú es más difícil que en el resto del país.  Check.  Hay que ayudarlos de alguna manera.  Check. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarlos? Ahí está el problema.  Este planteamiento dice que si no pagan impuestos -opuesto a las empresas del resto del país que sí lo hacen-, tienen una ayudadita para salir adelante.  Pero ése no ha sido el caso.  Lo que se ha hecho es introducir una distorsión a la economía.  Este artículo de Perú Económico repasa eso y otro mito, al mostrar que en la selva del Perú hay centros de desarrollo que salen adelante aún con todos los problemas.

Ahí está el segundo costo de mantener las exoneraciones.  Las distorsiones son rayadas.  Por ejemplo, ¿saben que si tomamos toda la gasolina "consumida" en Madre de Dios, tendremos que cada automóvil en esa región en el año 2007 recorrió 780 kilómetros al día? Para que se hagan una idea, en Lima un automóvil recorre en promedio al día 28 kilómetros.  Esa distorsión se debe a que obviamente se está vendiendo en esa región gasolina exonerada de impuestos que luego va a parar por lo bajo a otra región.  Es imposible que se consuma tanto ahí.  O sea, estas exoneraciones lo que promueven es contrabando y movimiento informal de productos.

Algunos gremios de empresarios formales en la selva insisten en que prefieren ceder las exoneraciones tributarias a cambio de ciertos compromisos del Estado.  Por ejemplo, que termine concesionando una carretera o que construya un aeropuerto o qué sé yo.  Cosas que haga que los costos de hacer empresa en esas zonas sean menores.  Pero no, pues.  Más fácil es insistir en esta vaina, con la cual se pierde un montón de plata, no se ayuda a la disminución de la pobreza y se beneficia a los informales. ¡Excelente jugada pro-modelo económico, amigos congresistas!