Hay un detalle adicional de lo ocurrido en Puno que me parece digno de ser comentado.  Lo noté a raíz de una columna en El Comercio que linkearía, pero como ellos te piden loguearte para mostrarte contenido de archivos, no le veo el sentido.  Es la combinación de dos creencias arraigadas a lo largo de las redes sociales.

La primera es que todo debe ser consultado.  No sé si han dado cuenta, pero ya desde hace un tiempo hay una onda de insistir en que si un proyecto de inversión afecta a quien sea, sin importar cuántos sean ni a cuántos beneficie el que el proyecto se haga, éste no se debería llevar a cabo bajo ninguna circunstancia.  Lo que yo llamo la filosofía del NO-HAY-FORMA.

Esto es un poco difícil ver en el tema de Puno, porque ha sido harto manipulado, pero data de mucho más atrás.  Creo que un caso en el que se puede ver con bastante claridad es en el proceso de concesión del puerto de Callao, en donde velar por unas 2,000 personas (los benditos trabajadores de ENAPU que se ven afectados por la entrega a una empresa privada de la administración del puerto -es mentira que se esté vendiendo el puerto como ellos alegan, por supuesto-) era suficiente para paralizar por semanas el comercio exterior peruano -motor del tan mentado crecimiento económico- y crear inmensos sobrecostos a la sociedad por años, en el sentido en el que porque no se concesionaba, no se podían eliminar las trabas y no se podía comprometer las inversiones necesarias.

Como propuso alguna vez una de las empresas que no ganó ninguno de los procesos, a esos 2,000 trabajadores y todo lo que significaba mantenerlos tranquilos y contentos sin que hagan nada (o sea, pagarles una vez al mes una suma de dinero suficiente para que no fastidien desde sus casas, porque la mayoría de ellos no estaban capacitados para las nuevas tecnologías que se pretendían traer ni estaban dispuestos a ser capacitados, tampoco) debía ser incluído en la estructura de costos del proyecto de inversión en el puerto del Callao, por más ilegal que sonase.  Básicamente porque era la única manera de que no fastidien, por más garantías que se den.

A todas luces era una locura.  Pero es que los grandes proyectos de inversión nunca van a poder aplicarse sin que afecten negativamente a alguien.  Por ejemplo, ampliar el aeropuerto Jorge Chávez -una total necesidad para que el país pueda seguir atrayendo turistas que luego aporten a la industria del turismo en algunas regiones y sean capturados por protestantes en otras- requiere mover familias que han vivido alrededor del aeropuerto con un estilo de vida dado por generaciones.  Pero pucha, ¿cómo hacemos sino?

Entonces, no es buscar lamanera de no afectar a nadie.  Eso es imposible.  El asunto es cómo se compensa a los que son afectados.  Y cómo se calcula o cómo se decide la compensación en cuestión.  Ése es el tema.  No cómo se paralizan los proyectos.  Paralizarlos o cancelarlos debe ser el final de un largo proceso de evaluación técnico y transparente.  No la respuesta a un chantaje violento, como ha sido el caso en Puno.

O sea, digan lo que quieran, pero Bear Creek Mining (BCM) está en todo su derecho de reclamar la decisión del Estado de paralizar su proyecto de inversión.  Todos repiten que la minera malvada que vino a hacer todo eso que las mineras malvadas hacen y que tenía que largarse del país.  Y que la victoria de la defensa de lo nuestro en el proceso.  Pero pocos conocen en realidad la historia completa.  Aquí un post del blog de Alberto Arispe explica la nota (las negritas son mías).

En los últimos años, BCM ha invertido millones de dólares en la zona, obtuvo el estudio de impacto ambiental (EIA) con la aprobación de las comunidades aledañas y levantó aproximadamente US$ 100 mn en Canadá para invertir en Puno.  Contaba con el apoyo del gobierno, de la comunidad local y con el marco legal respectivo. “El Perú es un lugar serio para hacer negocios, confíen en nosotros”, dijo el ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez en PDAC en Canadá, sólo hace cuatro meses.

Bueno, por alguna razón extraña (que NO es la contaminación, pues me consta que el proyecto contempla todas las medidas para no contaminar la zona en el futuro) muchos de los políticos y líderes puneños que hace cuatro años pidieron la promulgación del famoso Decreto 083-2007, ahora desean que se derogue. (...)

Estos aproximadamente 20,000 señores  exigen al gobierno, que representa a 28 millones de peruanos, que se derogue un decreto sin mayores argumentos técnicos o legales y, peor aún, que se prohíba en Puno toda actividad minera. Pero no lo exigen dialogando, no, lo exigen con palos y hondas en las manos, violando la ley y perjudicando a connacionales que sólo desean trabajar honradamente.

O sea, ya preocupa que una empresa que ha cumplido con lo que se le dijo que haga termine perdiendo esos millones de dólares y la pésima imagen que da eso para el exterior y para todos los que estaban pensando invertir en el Perú.  Pero peor es esta idea de que todo proyecto de inversión, por pequeño que sea y sin importar los beneficios que traiga (en este caso era un proyecto minero que iba a pagar aproximádamente US$330 millones en impuestos y regalías al Estado, de los cuales al menos la mitad se iba a quedar en Puno). Y eso que Puno es una región con una larga tradición minera.

Es decir, ¿ahora cada decisión es motivo de una especie de plebiscito? ¿Cada vez que se tome una decisión económica se tiene que consultar con "los afectados"? Porque no olviden que mientras insisten en pensar que la consulta previa es una especie de poder de veto (que no lo es, según el mismo Convenio 169 de la OIT, por si no lo han leído), otros insisten en extender ese supuesto poder de veto a más sectores de la población (comunidades campesinas, agrupaciones de vecinos, etc.).

O sea, precisamente el temor que tenían los empresarios cuando se comenzó a discutir la aplicación del Convenio 169 de la OIT en el Perú y que la misma Confiep calmaba diciendo que no había problema, porque eso de consultar -y no pedir permiso- a la población afectada previamente ya lo hacen las empresas responsables y las que no lo hacen deberían hacerlo.  Como que Confiep no está siendo muy efectiva últimamente como voz de calma.

Y aquí viene el segundo detalle: Si todo es "plebiscitable", ¿para qué necesitamos Estado? Si las normas legales aprobadas en el Congreso luego serán desconocidas por sectores de la población y eso, a su vez, será visto como natural, ¿para qué elegimos Congresistas? Si los procesos de aprobación de proyectos mineros no son reconocidos ni por el mismo Estado, ¿para qué tenemos Ministerio de Minería? Creo que tendría mucho más sentido bajarse toda esa estructura burocrática que ahora resulta que no sirve literalmente para nada y usar todos los recursos que usamos en mantenerla en cualquier otra cosa.  Igual a los que están ahí adentro claramente no les interesa el desempleo que causan con su inoperancia (los cientos de peruanos que iban a tener empleo formal en Santa Ana darían fe de eso), así que supongo que no les importará ir a parar a la fila de los que no tienen trabajo.

A todas luces aquí el problema principal es que el Estado es inoperante, inefectivo e incompetente (y no lo digo por decir, cada uno de estos adjetivos lo he escogido delicadamente).  Que sus proceso de evaluación no tienen credibilidad, demoran demasiado y no son transparentes.  Ni qué decir de haber hecho el esfuerzo de comunicación con la población (que según entiendo del Convenio 169, es responsabilidad principalmente del Estado y se su pobre calidad de gasto público, no de la empresa).  La población no siente los beneficios de estos proyectos, porque no son compensados correctamente (que también es labor del Estado, no de la empresa).  Y que por último los problemas sociales y económicos que tenían desde antes de que se evalúe el proyecto de inversión (que eran culpa del Estado que no interviene adecuadamente, no de una empresa que recién llega) siguen sin ser solucionados (que sigue siendo culpa del Estado, no de la empresa).

A todo esto... ¿La solución es más Estado? ¡Si el Estado es el primer motor inmóvil del problema mismo! No, tampoco es más empresa.  Y ok, la responsabilidad total de lo sucedido no es enteramente del Estado, sino compartida (como lo comento en este comentario que escribí para SEMANAeconomica.com).  La solución es que el Estado haga bien lo que se supone que tiene que hacer bien.

Pero por favor, que no toda decisión se vuelva "plebiscitable", porque ése es un país en extremo manipulable.  Las decisiones técnicas las tienen que tomar técnicos.  Correctamente elegidos por nosotros cada cinco años, porque confiamos en que ellos tengan el criterio adecuado.  Se supone.